El Ministro Antonio Mucci debió renunciar tras el fracaso de la reforma
Corrían los últimos días de 1983 y la democracia retornaba al país. Raúl Alfonsín asumía la presidencia en medio del fervor popular y las esperanzas de cambio. Durante la campaña electoral había denunciado un pacto militar-sindical entre el general Cristino Nicolaides y el metalúrgico Lorenzo Miguel para que el peronismo amnistiara a los militares que habían cometido delitos durante la dictadura. En ese contexto, y apenas once días después de acceder a la Casa Rosada, el radical envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la estructura gremial argentina.
La Ley de Reordenamiento Sindical, o Ley Mucci por el Ministro de Trabajo Antonio Mucci, comenzó a ser tratada en la Cámara de Diputados el 10 de febrero de 1984. El proyecto obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Trabajo, Previsión Social e Interior y Justicia y pasó al recinto para que al día siguiente fuese aprobado en el pleno del recinto. Allí el radicalismo contaba con amplia mayoría tras las elecciones de octubre. Ese mismo día fue girado al Senado, en donde la historia sería distinta.
¿Qué decía el proyecto? Se buscaba incluir a las minorías en las cúpulas sindicales, renovar la totalidad de los cargos, garantizar las elecciones a través de la intervención de la Justicia Nacional Electoral, separar los fondos de las obras sociales de los fondos sindicales específicos y permitir la creación de nuevas uniones u organizaciones. Todas estas medidas eran resistidas por los dirigentes gremiales al considerarlas "un intento de avance en la organización interna de los sindicatos". Denunciaban que Alfonsín buscaba recortar poderes a la CGT. Este proyecto también aceleró el proceso de unificación entre los sectores Azopardo y Brasil de la central de trabajadores.
El 15 de febrero el Senado comenzó a tratar el proyecto en comisiones mientras los peronistas hacían cuentas para tratar de rechazar la reforma. Ese día llegó la primera victoria: el proyecto sólo sería tratado en la Comisión de Trabajo, presidida por el justicialista Oraldo Britos. Un mes más tarde llegó el momento de la votación en el recinto y el legislador Elías Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, sorprendió a todos. Muy pocos sabían que su voto sería contrario, incluso el presidente del bloque del PJ (Vicente Saadi) desconocía esa postura.
El rechazo terminó con las esperanzas del radicalismo y sepultó los intentos alfonsinistas de democratizar los sindicatos. 28 años después se vuelve a discutir el rol de los gremios y muchos buscarán desempolvar esta vieja idea que germinó en plena primavera democrática.
El 15 de febrero el Senado comenzó a tratar el proyecto en comisiones mientras los peronistas hacían cuentas para tratar de rechazar la reforma. Ese día llegó la primera victoria: el proyecto sólo sería tratado en la Comisión de Trabajo, presidida por el justicialista Oraldo Britos. Un mes más tarde llegó el momento de la votación en el recinto y el legislador Elías Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, sorprendió a todos. Muy pocos sabían que su voto sería contrario, incluso el presidente del bloque del PJ (Vicente Saadi) desconocía esa postura.
El rechazo terminó con las esperanzas del radicalismo y sepultó los intentos alfonsinistas de democratizar los sindicatos. 28 años después se vuelve a discutir el rol de los gremios y muchos buscarán desempolvar esta vieja idea que germinó en plena primavera democrática.
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