La Caducidad fue aprobada el 22 de diciembre de 1986, durante el gobierno de Julio María Sanguinetti. En dos días, el Congreso uruguayo aprobó la ley 15.848 y el Poder Ejecutivo la promulgó, horas antes de que el primer militar tuviera que comparecer ante la justicia.
El debate siguió, y en 1989, luego de que el Frente Amplio juntara las firmas necesarías, se llegó a un referendum para determinar la nulidad o la continuidad de la ley. El 16 de abril un 57% de la población decidió que siguiera vigente. Quince años después, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, se comenzó a juzgar a los culpables a través del artículo 4º de la propia ley, que permitía juzgar a quienes hubiesen participado en la desaparición forzada de personas o en el secuestro de niños.
En 2009 el FA volvió a juntar las firmas necesarias y logró plebiscitar la ley. En las elecciones de octubre el 53% de los uruguayos decidió nuevamente votar contra la anulación de la Caducidad. Se pensaba que era un tema ya decidido, con pocas chances de seguir discutiéndose, pero no fue así.
En estos momentos se analiza en el Parlamento una ley para "interpretar" la Ley de Caducidad. A propuesta del FA, mañana se votará en la Cámara de Diputados un proyecto que declara ilegales los artículos 1º, 3º y 4º de esa ley. "Violan los artículos 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno". Ya hubo protestas de la oposición y hasta de algunos frenteamplistas.
Uno de ellos fue el senador Rodolfo Nin Novoa, quien fuera vicepresidente de Vázquez. Nin se manifestó en contra porque según él "no puede saltearse olímpicamente el pronunciamiento en dos instancias plebiscitarias y de referéndum". No se sabe si finalmente votará en contra, pero en caso de hacerlo negativamente, el FA puede perder la votación en el Senado.
Otro que se manifestó contrario al proyecto fue el senador Jorge Saravia, del Espacio 609, el sector de Mujica. El frenteamplista dijo que se opone porque el proyecto intenta "pasar por encima de la voluntad del pueblo", aunque confirmó que votará a favor para no romper la "disciplina del partido". Lindo tema para discutir. ¿Está bien que un legislador asegure que no está de acuerdo con lo que vota pero a su vez confirme que lo hará por "disciplina"?
Sobre este tema tuve varias respuestas en Twitter. Acá dejo algunas: "Es una forma de ocultar que no tienen huevos pa ser ellos mismos (@Fedelosa); "la 'disciplina partidaria' es impresentable. Daría lo mismo que pongan una máquina a legislar, entonces. Una ceibalita! (@mangratt)"; @nstr1957 "es la forma de sacarse de encima la responsabilidad "¡Bo, yo no quería, pero tuve que votar así porque me obligaron! (@nstr1957)".
Algunos podrán estar de acuerdo, pero muchos creemos que no puede existir una disciplina partidaria, incluso cuando la ley nos parezca positiva y necesaria. Dejo en claro que no estoy conforme con la existencia de una ley como esta, pero tampoco me gustan los legisladores que votan en contra de sus propios principios.
12 comentarios:
Voy a dar un comentario que mezcla lo jurídico con lo netamente subjetivo.
La cosa es así: la Ley de Caducidad es inconstitucional. No lo digo yo, lo dijo la SCJ el año pasado. Anularla es, primero de todo, al pedo. Cuando se presente un caso, se tiene que interponer la inconstitucionalidad, y la SCJ debería fallar siempre lo mismo.
El otro problema es que la "interpretación" es inconstitucional, por lo menos por dos motivos.
1 - lo que acá se hace es decir, básicamente, que lo que dice la Ley de Caducidad no es válido. Eso no es competencia del Parlamento. MENOS con una ley que fue respaldada (lamentablemente) por la ciudadanía. Dos veces.
2 - la no retroactividad de la ley penal más gravosa. No se puede castigar más hacia el pasado. Sí, son milicos hijos de puta, pero el Derecho no tiene que mirarles la cara. Punto.
Entonces, la nueva ley es inconstitucional. Tanto o más que la que trata de "interpretar".
Sobre la disciplina... yo creo en la libertad de conciencia, y la defiendo a muerte, en contra o a favor. La disciplina partidaria es contraria a eso.
Christian, en general tu presentación es acertada, pero creo que hay una leve distorsión.
El Senador Saravia no ha dicho que votará afirmativamente por disciplina partidaria, sino todo lo contrario. Lo mismo que el Senador Nin. Por esas dos posibles defecciones es que la ley podría no ser aprobada en el Senado. Si sucede eso la cosa puede poérsele muy espesa a esos Senadores que entraron al FA desde el Partido Nacional donde estaban originalmente.
Que la ley de caducidad es desprolija no cabe la menor duda. Desde el punto de vista ético, se trata de una ley de amnistía y, como tal, siempre es injusta. No puede entenderse esa ley, sin embargo, sin entender que hay una ley previa que amnistió a la izquierda revolucionaria. En algunos casos con sentencia cumplida en condiciones infrahumanas, pero en varios casos sin haber cumplido un sólo año de pena por los delitos cometidos. Esa ley nunca fue sometida a plebiscito, pero la segunda sí.
El tema, en mi opiniòn, es que toda la sociedad uruguaya fue agredida y vapuleada por ambos flagelos, los tupamaros primero (recordemos que se iniciaron como movimiento en armas contra un gobierno totalmente democrático en 1962) y los militares después. Las dos leyes (más la ley de reposiciòn y varias leyes de reparaciòn de los derechos vulnerados para los perseguidos políticos) se transformaron en la salida que el pueblo uruguayo encontró para cimentar la democracia. Una democracia completamente no tutelada, al punto que tenemos emblemáticos ex-guerrilleros como Presidente y Ministros.
El pueblo todo, por dos veces, dijo que no. Primero a la derogaciòn de la ley. Segundo a una modificación constitucional que de hecho buscaba anular la ley. Y en ningún caso por mayorías exiguas. Que haya dicho que no, no significa que ese pueblo esté de acuerdo con el accionar de unos y otros, sino que en nuestra mejor tradiciòn de las guerras civiles, decidimos decir que no hay vencidos ni vencedores y seguir para adelante.
Al menos, casi todos nosotros.
Martín: Muchas gracias por explicarme un poco el aspecto legal de esta maraña de leyes, referendums y plebiscitos!!
Néstor: Lo que pongo de Nin y Saravia es información de La República y la Agencia EFE respectivamente (http://bit.ly/cJuihR y http://bit.ly/aeI9qy). Me olvide de linkear las fuentes, mil disculpas. Sobre lo otro, es una interpretación válida. Yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia (en este caso de los Tupamaros), pero hay que recordar que el Estado debe defender a los ciudadanos y no lo hizo. Puedo criticar a una guerrilla, pero nunca puede ser peor que el terror implementado desde el Estado.
Gracias a los dos por leer y comentar!
Ok Martín. En este caso las fuentes parecen tener mal la información. Ya verás el desarrollo, pero estoy seguro que va a ser al revés. Lo más probable es que Nin deje paso a su suplente (que votará a favor de esta nueva ley) y Saravia vote en contra o se retire de sala.
Respecto a lo otro, quizá yo no me expliqué correctamente. En ningún momento dije que el accionar tupamaro haya sido "peor" que la dictadura militar. De hecho, para mí es justamente al revés. Un grupo de civiles puede ejecutar actos sediciosos e incluso terroristas con mayor "legitimidad", por así decirlo, que un gobierno. Más allá de los excesos puntuales que existieron, Italia combatió a la Brigada Rossa, Alemania a la RAF y España a ETA sin que en esos paises se hayan dado dictaduras ni terrorismo de estado. Por supuesto que las condiciones geopolíticas y los tiempos históricos son importantes también.
Pero ese no es el punto que yo mencionaba. Lo que decía es que tenemos una estructura de leyes de amnistía, de las cuales la de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado es sólo una. Que esa ley fue primero refrendada en un referéndum en plena democracia (1989) por el mismo pueblo que en plena dictadura le dijo NO a la reforma constitucional militar (1980). A la dictadura no se le ocurrió desconocer el plebiscito de 1980, como tampoco se le ocurrió hacer eso a los promotores del referendum, los históricos Gral. Seregni y la esposa de un legislador ultimado en Buenos Aires con la complicidad de la dictadura uruguaya. Al contrario, asumieron que el pueblo quería otra cosa y lo respetaron. 20 años después, una generación después, se plebiscitó una reforma constitucional que pretendía hacer lo mismo que ahora se impulsa por ley, la anulación de una ley anterior lo que no existe en nuestro código penal, no se puede hacer, es inconstitucional, de la misma forma que lo es aplicar retroactivamente una ley que resulte más gravosa para el reo (sí se puede hacer si la nueva ley resulta MENOS gravosa). El pueblo, nuevamente, se manifestó en contra de esa solución que es la que ahora se impulsa por vía legislativa.
Las Cátedras de Derecho Constitucional de la Universidad estatal (la única pública) y las dos más prestigiosas de las privadas, asl igual que el mejor constitucionalista que tiene la izquierda (Korseniak) y el mejor qu etiene la derecha (G. Aguirre) dejaron en claro que lo que se está por aprobar es inconstitucional. Así que, más allá de que curiosamente tenemos un gobierno progresista que desconoce no uno sino dos pronunciamientos populares desfavorables con 20 años de diferencia, que se mandata el voto (es decir, que la cúpula del partido de gobierno mandata a los diputados y senadores electos a hacer algo con lo que muchos no están de acuerdo) y que se aprueba algo que tiee visos manifiestos de constitucionalidad a sabiendas, lo aprobado tendrá nula efectividad.
Estando contestes todos los constitucionalistas en que la ley es inconstitucional, si ésta es aprobada y se somete a juicio a alguien debido a ella, ese alguien podrá pedir la excepciòn de inconstitucionalidad que probablemente la Corte concederá y el reo quedará amparado por la ley de caducidad que, eventualmente puede también ser declarada inconstitucional en el mismo juicio y la situación final será exactamente la misma que existe hoy en día, sólo que se habrá perdido más tiempo.
De cualquier forma, los que nos oponemos a lo que se está haciendo ahora no es porque estemos A FAVOR de la Ley de Caducidad. Lo que mantenemos son dos cosas: (1) que no se puede resolver una mala acción cometiendo otra similar (de la misma manera que no se debió haber combatido la violencia tupamara con terrorismo de estado) y (2) que en este caso particular el pueblo soberano ya se pronunció dos veces por NO hacer lo que los legisladores quieren hacer. Si se aprueba, se abre un peligroso camino para que una mayoría legislativa desconozca el deseo de la mayoría del pueblo expresada en los actos de democracia directa.
El tema me pareece fascinante tanto desde el punto de vista ético como político y legal. Lamentablemente muchas personas en este tema se ponen anteojeras y admiten que, en este caso al menos, el fin justifica los medios.
Saludos y perdón por lo extenso de mis intervenciones.
Bueno, creo que la discusión tiene tres partes. Una sería la jurídica, otra la política interna de uruguay y la tercera es la que tiene que ver con la verticalidad partidaria.
Sobre las dos primeras, no me voy a expresar porque no tengo tanto conocimiento. En cuanto a lo demás, me parece un excelente tema de debate. A primera vista admitir que los funcionarios votan por una lógica vertical puede sonar antipático y hasta autoritario. Pero también tendríamos que pensar que nuestros sistemas son partidarios por lo que sería dificil pensar que cada uno pueda votar de acuerdo a lo que quiera. Un caso que puede servir de ejemplo es el de Julio Cobos. El vicepresidente, llegó al poder formando parte de un partido con un programa determinado. Más allá de los errores cometidos por los dos lados (Cristina Fernández y el propio Cobos), no deja de ser curioso que el 2º al mando voté totalmente en contra de la 1º.
El tema es muy arduo y da para largo, así que espero que lo sigamos.
Néstor, estoy de acuerdo en todo lo que decis. No pueden existir las leyes que funcionen con retroactividad, simplemente porque son inconstitucionales. Además no se puede tolerar que desestimen ¡dos! pronunciamientos del pueblo, porque, como decis, sienta un precedente que puede ser dificil de arreglar.
Con respecto a la extensión de tus intervenciones, acá estamos para discutir y ya sabemos que cuando la conversa es interesante no importa cuanto tiempo dura!
Salú!!
Santiago, me plantearon anoche el tema de Cobos, pero me parece que estamos ante un caso diferente. Creo que Cleto no votó respondiendo a sus convicciones, sino que lo hizo por conveniencias políticas.
En ese momento le sumaba votos pronunciarse en contra de la 125 (como ahora hacerlo a favor del 82% movil) y lo hizo para mejorar su imágen ante la sociedad, en un momento donde ser kirchnerista es simplemente piantavotos.
Y dejo planteado otro debate: ¿las bancas son del diputado o del partido? Esa respuesta define el accionar de los legisladores.
Salú!
Dejando a Cobos de lado, te contesto a tu 2º pregunta.
Creo que la banca es del partido simplemente porque es imposible conocer a todos los diputados o senadores. Igualmente se supone que cada diputado comulga con los intereses del partido por lo que tampoco es que los tipos votan totalmente en contra de su voluntad (puede ser en algunos casos pero no siempre). Si así lo hicieran en todas las votaciones serían unos mercenarios!
Santiago: Primero te respondo con una pregunta. ¿No deberíamos conocer al menos a nuestros senadores? Son poquitos...
Yo no digo que no comulguen con los intereses del partido, porque de hecho esa es la razón por la que están en esa lista, pero si se oponen a un proyecto, ¿está mal que decidan por sus convicciones y no como parte de un conglomerado político?
Acá lo triste es que 2 veces el pueblo uruguayo votó para que no se revea la ley, es un detalle que parece que estamos dejando de lado. Los uruguayos son mas conservadores de lo que el imaginario popular cree. Muy bueno el post, Libo.
Seba, no dejamos de lado los dos pronunciamientos del pueblo uruguayo, es que simplemente la discusión giró para otro lado.
El tema de la (mala) memoria de los uruguayos es algo para discutir ampliamente. Pero te digo mi opinión: para seguir adelante hay que juzgar lo que sucedió y meter en cana a los culpables. La teoria de amnistiar para "pacificar al país" es una injusticia que los uruguayos no deberían haberse permitido jamás.
El problema es que este tipo de proyectos de ley son peores que esa ley, porque son aún más inconstitucionales.
Salú!!
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